Columnistas

• La Organización Social Di No a los Casinos ha advertido desde hace varios sexenios acerca de la corrupción inherente a los Casinos.
• Mientras gobierno y legisladores no escuchen a los especialistas se seguirán dando escándalos de corrupción.

Los recientes escándalos de corrupción de magistrados “maiceados” por distintos casineros, pone de manifiesto lo que nuestra organización ha venido advirtiendo desde hace más de 15 años: La operación de casinos en territorio nacional engendra corrupción y daña el tejido social, además de perjudicar la salud pública a través del fomento de la ludopatía.   

La instalación, operación y supuesta “verificación” de las salas de apuesta y los casinos en nuestro país ha tenido desde hace más de quince años una sola característica distintiva: La corrupción vía tráfico de influencias; recuérdese el escandaloso e ilegal otorgamiento de permisos por parte de Santiago Creel a TELEVISA, la tragedia del Casino Royal de Monterrey y el sinnúmero de otros escándalos de todo tipo relacionados con la operación de los garitos, protegidos ilegalmente por funcionarios y jueces venales que les han permitido operar con amparos “a modo”, facilitando con ello el lavado de dinero.  

Recientemente, la  prensa ha destacado que la Cámara de Diputados, en acompañamiento de la Secretaría de Gobernación pretende la creación de un Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, que en la práctica solo servirá para diluir la responsabilidad de los funcionarios públicos, permitiendo que actúen en beneficio de los casineros sin que los funcionarios públicos puedan ser sancionados, dado que podrían escudarse en decisiones colegiadas.

Nuestra organización siempre ha insistido en que la operación de casinos en nuestro país perjudica a la población y sólo sirve para que unos cuantos casineros, favoritos del régimen en turno, hagan pingües ganancias desfalcando a los jugadores-clientes. Lo que más conviene a México es CERRAR LOS CASINOS Y LAS SALAS DE APUESTA, que aparte de enfermar y corromper a la sociedad, se constituyen en espléndidas oportunidades para el lavado de dinero, alimentando así al crimen organizado y a la violencia que aqueja a casi todo el país.

Desde hace más de un año se hizo entrega tanto a SEGOB como a la Comisión que investiga las irregularidades de casinos de la Cámara de Diputados un estudio completo sobre los perjuicios que causan los casinos y una propuesta realmente racional para regular adecuadamente el juego y minimizar el daño social. Es hora que los diputados y funcionarios de SEGOB tomen en cuenta lo expresado por nuestra organización, de otra manera, solo terminarán de comparsas de los mercaderes de la adicción casinera y arroparán la corrupción, la enfermedad y el lavado de dinero nutriente éste último del crimen organizado que flagela impunemente a nuestro país.

Hace unos días se hizo entrega a SEGOB y los diputados de una misiva con consideraciones como las anteriores, esperemos que en bien de México se entienda que sólo cerrando los casinos y las salas de apuesta se eliminará la corrupción en el teme de su operación.