La Clasificación Hotelera
Al gobierno, no solamente el actual sino prácticamente cualquier gobierno de cualquier parte del mundo, no le gusta consultar con la gente que le va a cuestionar con conocimiento de causa.
Es por eso que cuando desde hace años se comenzó a preparar la nueva ley del turismo, en la administración anterior, el gobierno decidió consultar a los que no se iban a oponer y dejó de consultar a los que podían ponerle peros.
Cuando se trató el tema de la clasificación hotelera, dueños de hoteles, ejecutivos de hoteles y asociaciones de hoteleros fueron dejados de lado para no estorbar en la imprementación de un sistema de clasificación hotelera decidido por el gobierno, ideado por el gobierno y llevado a cabo por el gobierno.
El gobierno de México, y de hecho ningún otro gobierno del mundo, debería de tomarse atribuciones de juez y parte, de legislador y ejecutor, cuando se trata de supervisar y clasificar a negocios de la iniciativa privada cuyos ejecutivos siempre van a saber más que los funcionarios gubernamentales.
La clasificación hotelera no debería dejarse en manos del gobierno. No saben cómo hacerlo y no es tiempo de que se pongan a aprender.
Además, desde un punto de vista práctico y ético, no es lo correcto. Un gobierno no puede determinar la calidad de los productos de la iniciativa privada. Puede verificar, puede asegurarse de que se cumpla lo que se ofrece, pero no puede decidir.
Por otro lado, la autoclasificación hotelera también es incorrecta: un hotel o una cadena no debería de calificar a sus propias propiedades.
Lo ideal en la clasificación hotelera son dos cosas:
1. La clasificación de los expertos como Michelin, la AAA y otras asociaciones que sí saben de este tema.
2. La clasificación de los mismos huéspedes, que aunque a veces no muy analítica, sí sirve desde el punto de vista de decisión y de filtro.