Columnistas

• Los diputados y los funcionarios de gobernación sólo escuchan a los casineros en perjuicio de la sociedad y de la actividad turística.

Desde el día 30 de junio del presente año se solicitó al presidente de la Comisión que redacta una nueva ley de juegos y sorteos una reunión urgente con el pleno de la Comisión en comento, sin embargo, nunca nos atendió, pero el diputado Fernando Zárate del  PRD, no ha escatimado oportunidad en la prensa para admitir que se han reunido favorablemente con los casineros.

No es de extrañar entonces que la iniciativa esté hecha a la medida de los mercaderes de la adicción:

• Se fomenta el lavado de dinero, pues no se exige la plena identificación fiscal del jugador cliente en casinos, ni el registro pormenorizado de lo que juega, con lo que todos los días el mismo jugador podría ir a perder decenas de miles de pesos sin  justificar su procedencia.  

• También se abre exponencialmente la posibilidad de lavado de dinero mediante el juego en línea.

• En el colmo de la apertura al lavado de dinero, se permitirá el juego en cruceros y barcos en aguas nacionales.

• El lavado de dinero permite que la delincuencia organizada tenga recursos para corromper autoridades, y comprar armas, responsables de actos de violencia como los ocurridos recientemente en la Normal de Ayotzinapa de Iguala, gobernada por un presidente municipal perredista presuntamente vinculado con el narco.   

• Se llega al absurdo de ofrecer incentivos fiscales a los casineros para que se instalen en centros turísticos.

• En una verdadera aberración, el gobierno de Peña Nieto, a través de la  Secretaría de Gobernación, claudica de sus atribuciones y se crea un instituto de juegos y sorteos con miembros designados por los casineros, con lo cual ellos serán juez y parte en el otorgamiento de permisos y en la supuesta “fiscalización” de sí mismos.

• Se fomenta la ludopatía mediante la proliferación de juegos de azar en establecimientos, hoteles, minicasinos anexos a tiendas y cines, cruceros, barcos, e internet.

• Se convierte al territorio nacional en una república casinera al estilo de la Cuba de Batista.

• Se abre la posibilidad de que los casineros y el crimen organizado, con recursos “lavados” sean determinantes en el juego electoral y en la imposición de presidentes municipales, gobernadores, jueces, e incluso presidente de la República.

• No se contemplan partidas presupuestales para suficientes inspectores o fiscalizadores de casinos o de juego por internet.

• No se contemplan ningún tipo de garantías para el jugador cliente al cual el casino no le pague lo ganado.  

• No se contemplan los onerosísimos costos sociales derivados de la operación de los casinos y del juego por internet.

• No se obliga a los casineros a advertir al público que el juego en casinos e internet genera ludopatía.

La cerrazón de diputados y funcionarios de gobernación es indicativo de que están actuando en razón de los intereses de los casineros y no de los ciudadanos que los eligieron.