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Categoría: Análisis Turístico
• Retos y tentaciones de la nueva secretaria de turismo.
• ¿Otra vez escuchar a los mismos para hacer lo mismo?

La nueva secretaria de turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, anunció que se llevará a cabo una reestructuración de la dependencia, cosa que fue celebrada por algunos representantes del sector privado de la actividad, quienes consideraron que la reestructuración debe ser orientada a la “competitividad”.
También se destacó que se buscará adecuar la estructura de SECTUR a las nuevas atribuciones y obligaciones que tiene la dependencia en razón de la ley de turismo vigente desde el año 2009 y que no se ha materializado ni siquiera en el reglamento correspondiente. Entre las obligaciones que no se han atendido está la de ordenamiento territorial en los destinos turísticos y la clasificación de servicios turísticos, sobre todo en el área de hospedaje.
Es de esperarse que SECTUR finalmente elabore el reglamento de la Ley de Turismo y que se lleven a cabo los cambios que se requieren para su correcta aplicación. Pero por otro lado es preocupante que una vez más la nueva administración de SECTUR se limite al trillado trato con los mismos interlocutores de siempre: La estrecha visión de quienes han sido titulares de SECTUR siempre ha limitado el diálogo a un círculo muy estrecho de auto-nombrados “interlocutores” de la actividad turística, que sólo representan a los empresarios del sector, lo cual desde luego limita las posibilidades de crear una Secretaría de Turismo realmente innovadora: Se deja de lado y consideración el punto de vista de muchos actores del turismo que potencialmente tienen la capacidad de realmente impulsarse a través de la actividad. A guisa de ejemplo cabe mencionar que no tenemos noticia de que SECTUR haya tomado nunca en cuenta a las organizaciones campesinas, ejidales o de comunidades indígenas del país, a pesar de que la enorme mayoría de los atractivos naturales con los que cuenta México están situados precisamente en tierras ejidales o comunales. No es de extrañar entonces, que cuando se pretende establecer un nuevo centro turístico, lo primero que se hace es expropiar los terrenos ejidales con lo cual se margina y despoja a la población local, en lugar de integrarla como socia de la actividad turística. Esto desde luego trae como consecuencia un verdadero divorcio entre la comunidad receptora y la actividad turística, que conlleva necesariamente la profundización del subdesarrollo.
Urge pues que SECTUR abandone la estrecha visión de ser sólo una tramitadora y facilitadora para unos cuantos empresarios de siempre, en gran proporción extranjeros, y que se aboque a la tarea fundamental de impulsar un auténtico desarrollo regional turístico, integrando a las comunidades, ejidos y población local a esquemas de fomento de la actividad en las que se les vea no como a sujetos de despojo, a quienes si bien les va les toca proveer meseros o jardineros, sino que en razón de la riqueza natural de la que son poseedores se les dé el trato de socios en igualdad de circunstancias con los empresarios inmobiliarios y de la hospitalidad. Mientras eso no ocurra, estos últimos seguirán llevándose la parte del león de la actividad, mientras que los pobladores originales de los centros turísticos seguirán siendo víctimas de la desigualdad que, insisto, los llevara si bien les va a desempeñarse como taxistas, mucamas o prostitutas.
La nueva secretaria de turismo debe también tener cuidado de no caer en el juego de los interlocutores de siempre, que con gran voracidad y espíritu de vende-patrias, proponen a cada rato que se den los cambios legislativos tendientes a permitir la venta directa de playas a extranjeros: En las últimas legislaturas varios diputados panistas se pronunciaron irresponsablemente por hacerlo, ignorando el grave riesgo para la soberanía nacional. Esperemos que Ruiz Massieu Salinas no caiga en la tentación de impulsar tan nefasta iniciativa y que tampoco caiga en la tentación de apoyar todavía más la industria de la adicción casinera que, como ya se ha visto, solo sirve para facilitar el lavado de dinero, el crimen organizado y la desintegración social.